La violencia estatal a 30 años de El Caracazo

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La presentación de Voces del Desamparo, un proyecto interactivo de El Pitazo, liderado por Ana María Carrano y Yelitza Linares, fue la oportunidad para que defensores de derechos humanos (incluidos los periodistas) reflexionaran sobre la evolución de los patrones de represión en Venezuela durante las últimas tres décadas

Edgar López

Hay quienes repiten que la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, para romper el paradigma y tratar de impedir que se cometa un atropello más a la hora de registrar las violaciones de derechos humanos, los periodistas podemos ser útiles.

Las víctimas son la que llevan la peor parte y el periodismo con enfoque de derechos humanos consiste, precisamente, en darles voz a las víctimas para que cuenten su versión de los hechos, con la legitimidad que da el duelo en primera persona.

En ese orden de ideas, no es una casualidad que el proyecto interactivo de El Pitazo, liderado por Ana María Carrano y Yelitza Linares, que se presentó el 13 de febrero de 2019, en la plaza Los Palos Grandes, se denomine Voces del Desamparo.

Voces del Desamparo tiene el mérito de explorar nuevas formas de contar las historias, en plural. Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 30 años es que la identificación de patrones de violación de derechos humanos surge de la interpretación concatenada de cada una de las historias, más que de una simple suma de todas ellas. Dicho de otra manera: fijarse como objetivo principal determinar una cifra para tratar de mostrar la dimensión de los atropellos puede ser un mecanismo de revictimización, por la vía de la invisibilización de quienes han padecido esos atropellos más directamente.

Otra cosa que hemos aprendido de El Caracazo a esta fecha (más que en libros o manuales, mediante el acompañamiento a las víctimas) es que no hay conflicto de intereses entre el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos. Consideramos que es un falso dilema, porque la labor de los periodistas y del resto de defensores de derechos humanos se rige por las mismas tres “D”: documentar, denunciar y difundir.

Aunque los organizadores de este conversatorio a cielo abierto refirieron “tres patrones de violaciones” de derechos humanos ( en alusión a El Caracazo, la represión de 2014, la del 2017 y la del 2019), distinguimos un quinto momento adicional, que consideramos clave para analizar la progresiva profundización de la represión estatal y su sistematicidad en los últimos 20 años: el 11 de abril de 2002. Para cada hito valgan algunas consideraciones sobre las circunstancias del ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos.

1989: las ong por un lado y los periodistas por otro
Con suficiente conocimiento de causa, las mujeres de Cofavic (porque desde el principio las mujeres han asumido con más contundencia que los hombres la lucha contra la impunidad) definieron el nuevo sentido que aquel evento les daría a su vida. La represión de aquella época, determinó Cofavic, no se limitó al 27 de febrero de 1989; no fue un solo día y se trata de “los sucesos de febrero y marzo de 1989”. De hecho, la mayoría de los desmanes se cometieron durante la suspensión de garantías constitucionales decretada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el 28 de febrero, que se prolongó 23 días.

La activación del Plan Ávila por órdenes de Pérez y el Alto Mando Militar, mediante el cual se habilitó a los cuerpos de seguridad del Estado para usar armas de guerra en la represión de los disturbios que comenzaron el 27-F, es la evidencia más clara de la responsabilidad estatal en la violación masiva de derechos humanos en aquella oportunidad. Así lo confirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos diez años después.

A diferencia de El Carupanazo y El Porteñazo, ocurridos en 1962 y que que fueron movimientos insurreccionales militares, con El Caracazo el gobierno, así como los periodistas y un incipiente movimiento de derechos humanos en Venezuela fueron abrumados por el saqueo como expresión extrema del hambre. Cuando “bajaron los cerros”, simplemente reinó el caos. Al menos eso fue lo que vimos a las 6:00 pm del 27 de febrero de 1989 en la esquina La Pedrera, en la avenida Baralt, y durante toda la madrugada del 28 de febrero, en el bloque 2 de la UD-5, en Caricuao.

Sin redes sociales y pocas posibilidades de registros en video, las imágenes de lo ocurrido aquellos días, entre ellas la de un hombre con media res a cuestas, quedaron para la historia (todavía en singular) como un aporte de atrevidos reporteros gráficos.

Sin embargo, El Caracazo impulsó la organización de la sociedad civil. En esos años nacieron las ONG que desempeñarían un rol fundamental en la documentación, denuncia y difusión de los excesos en el uso de la fuerza pública: la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea y Cofavic.

Abril de 2002, la historia contada desde Miraflores
El intento de Hugo Chávez y del chavismo de apoderarse ideológicamente de El Caracazo soslaya un detalle que no es menor: trece años después, con Chávez en la presidencia de la República, se volvió a activar el Plan Ávila; esta vez para reprimir la multitudinaria manifestación opositora del 11 de abril de 2002.

El 11-A no solo bajaron los cerros y no se trató de un primitivo saqueo; por la calle del medio, gente de distintos estratos sociales se reveló contra la corrupción y el abuso de poder de Chávez.

Para esa época, en Venezuela ya existía un movimiento de derechos humanos más fortalecido, así como unos periodistas con más recursos técnicos y quizás más conciencia de su rol como defensores de derechos humanos para registrar las historias (en plural), al menos la de los 19 fallecidos al final de la movilización antigubernamental que degeneró en golpe de Estado. Otra vez los reporteros quedaron en la línea de fuego, y en la esquina La Bolsa, donde habíamos visto saqueos el 27 de febrero de 1989, vimos caer al fotógrafo Jorge Tortoza.

Pero como al cabo de tres días los militares leales a Chávez (que no el pueblo chavista, en nuestra opinión) le devolvieron el poder, la historia del 11 de abril fue burdamente instrumentalizada por el oficialismo, hasta el extremo de producir una consigna que, a la vez, fungía como amenaza latente: “Todo 11 tiene su 13”.

2014, la criminalización de la protesta
Alguien decía que este 12 de febrero de 2019 se “cerraba” un ciclo histórico, que comenzó hace cinco años con la marcha opositora encabezada por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma; con aquel movimiento aniquilado rápidamente, a sangre y fuego, que se denominó “La Salida”. Creemos que no es cuestión de un día, pues se trata de un largo proceso de reconstrucción de la ciudadanía.

Consideramos que uno de los elementos distintivos de la violación al derecho a la manifestación a partir de febrero de 2014 es la criminalización de la protesta. El término fue acuñado por Provea y particularmente por su coordinador general para la época, Marino Alvarado. Se trató y se trata de la actuación artificiosa de fiscales y jueces para convalidar las detenciones arbitrarias que se comenzaron a consolidar como un patrón represivo. Por ello son responsables la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega, y los otros militantes radicales del chavismo que se entronizaron en el Tribunal Supremo de Justicia, con Luisa Estella Morales a la cabeza.

Los periodistas alcanzamos a contar algunas historias (desde la de Bassil Da Costa hasta la de Leopoldo López), pero el gran aporte del periodismo venezolano en esa oportunidad provino de las investigaciones periodísticas que desvirtuaron las versiones oficiales. El riguroso trabajo que realizó en tiempo récord un equipo de comunicadores sociales del diario Ultimas Noticias fue especialmente valioso para demostrar la actuación criminal de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) contra los manifestantes de oposición el 11-A.

Sin embargo, la cooptación de todos los poderes públicos, y particularmente del aparato judicial, le permitió al chavismo superar la primera oleada de protestas correspondiente a 2014, que marcó una nueva etapa en el ejercicio del derecho a la manifestación en Venezuela.

2017, la sistematicidad y generalidad del ataque
Contra las protestas antigubernamentales de 2017, Nicolás Maduro, los militares que lo mantienen en el poder y los fiscales y jueces a su servicio repitieron los mecanismos de represión usados en 2014. Y ello ha fundamentado los esfuerzos de los defensores de derechos humanos a efectos de demostrar la sistematicidad y generalidad de los ataques.

Transcurridos 28 años de El Caracazo, estábamos en otro escenario, sobre todo porque en 2017 la documentación, denuncia y difusión de violaciones de derechos humanos ya estaba incorporada a la agenda internacional. Las opciones de justicia efectiva en los tribunales venezolanos seguían siendo nulas y comenzó a ser más determinante el impulso a los procesos emprendidos ante instancia internacionales, particularmente ante la Corte Penal Internacional, que al año siguiente, en 2018, inició un examen preliminar de la actuación de las fuerzas de seguridad en Venezuela, para verificar la pertinencia de juzgar a Maduro y a al menos diez altos funcionarios gubernamentales por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

2019, las FAES y los colectivos
Llegamos a 2019 con un gobierno erosionado por su propia ineficiencia, indolencia y responsabilidad directa en la profundización de la emergencia humanitaria compleja que afecta a todos los venezolanos. En tales circunstancias, la represión selectiva ha sido la única respuesta de Maduro y sus colaboradores, empeñados en perpetuarse en el poder a cualquier costo y en negar que la calidad de vida se los venezolanos ha disminuido, en algunos casos a niveles de miseria.

Pero este año, 2019, ha sido diferente a 2014 y 2017, pues la protesta surgió principalmente en los barrios pobres de Caracas, precisamente en los sectores que el chavismo publicitaba como sus bastiones. Marcaron la pauta los vecinos de Cotiza, que el 21 de enero tenían casi un mes sin servicio de agua potable y salieron a la calle en respaldo a un grupo de militares insurrectos.

Acorralado por la comunidad internacional y sorprendido por la emergencia de un liderazgo opositor renovado, en 2019 el gobierno de Maduro ha recurrido a la brutalidad extrema, mediante la activación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que en las últimas semanas ha actuado como un grupo de exterminio. . La actuación criminal de las FAES en el barrio José Félix Rivas, en Petare, es reveladora de la desesperación del régimen por la merma de su popularidad.

Y, por si fuera poco, el gobierno también ha movilizado a los llamados colectivos, que operan con la complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado y con formas típicas de los grupos parapoliciales.

En medio de una anomia que se pudiera revertir contra los mismos victimarios, el reto para los periodistas, plenamente asumidos como defensores de derechos humanos, es continuar trabajando mancomunada y sostenidamente con las organizaciones de la sociedad civil en las tres tareas que los unen: documentar, denunciar y difundir; con el mayor rigor posible y sin perder de vista el necesario acompañamiento de las víctimas.

El reto, como el asumido por todos los participantes en el proyecto Voces del Desamparo, es impedir que los vencedores (cualquiera que se crea vencedor) escriban una historia a su conveniencia. El reto incluye la consolidación de la alianza entre reporteros y activistas (reiteramos, ambos son defensores de derechos humanos) que, seguramente, seguirá rindiendo frutos más allá de la coyuntura. El objetivo, en definitiva, es contar historias en plural. Y con la mayor creatividad que se pueda.

El desafío más transversal, que involucra a toda la sociedad venezolana, es impedir que se continué naturalizando la violencia; que, simplemente, ya no queramos leer noticias sobre el ejercicio abusivo del poder y que, como le convendría al gobierno, perdamos la vida de otra manera: en una cola, buscando lo esencial para sobrevivir.

Otro avance en el aprendizaje colectivo durante estos 30 años ha sido la comprensión de que el Estado mafioso que opera en Venezuela no solo mata con balas. Ya empezamos a compartir un lenguaje común: lo que ocurre en Venezuela es más que una crisis, pues se trata de una emergencia humanitaria compleja, que tiene causas estructurales relacionadas con la desinstitucionalización del Estado a fuerza de corrupción e ineficiencia, con una afectación masiva y a gran escala que golpea con más fuerza a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad, y que no puede ser resuelta con recursos propios, de modo que es imprescindible la ayuda internacional.

A estas alturas, ya comprendemos que las muertes por deficiencias del sistema de salud y las muertes por hambre (mucha más hambre de la que había en febrero de 1989), son otras formas de violencia estatal. Y los periodistas estamos dispuestos a contar esas historias.

Édgar López
Periodista, Especialista en Derechos Humanos
Profesor del postgrado de Derechos Humanos de la UCV
Asesor editorial de @Proiuris_Ve

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